El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, cogen esta semana unos días de descanso con la relación entre ambos bajo mínimos. Ambos dejaron constancia en el cierre del curso político de que casi todos los puentes entre ellos están rotos dedicándose acusaciones de elevado calibre. Y la renovación del CGPJ y el resto de órganos constitucionales es solo uno de los asuntos que ha quedado congelado este año a raíz de un desencuentro que Sánchez y Casado también mantienen en asuntos de Estado como las críticas a la monarquía o la relación con Cataluña.
Hace una semana, el jefe del Ejecutivo presentó un informe en el que aseguraba que en el año y medio de legislatura su Gobierno ha cumplido uno de cada tres compromisos, aunque no ha sido gracias a la colaboración de la oposición, a quien culpó de "crispar" desde el inicio de su mandato, en clara referencia al PP. Y lo cierto es que, si Casado inició la legislatura con reproches al Gobierno por formar coalición con Unidas Podemos, ha terminado este curso político de la misma forma y sin ninguna muestra de acercamiento.
Todo lo contrario: el comienzo de la llegada de los fondos europeos para la recuperación, que presumiblemente centrarán lo que queda de legislatura, han alejado más de Sánchez, si cabe, al líder de la oposición. Y, hoy por hoy, el principal símbolo de estas frías relaciones entre Sánchez y Casado es el bloqueo del CGPJ, cuya renovación es el principal objetivo de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, tras más de dos años con su mandato caducado. Solo en este curso, PP y PSOE han negociado su renovación en dos ocasiones y ninguna ha fructificado, y, por lo que parece, el acuerdo no está cerca.
"Según la experiencia que tengo, que el PP cumpla con la Constitución Española no depende del Gobierno, sino que depende del PP", se limitó a señalar el presidente Sánchez hace unos días al ser preguntado por esta renovación. Lo cierto es que los populares llevan meses rechazando sentarse a negociar una renovación en una mesa en la que esté presente Unidas Podemos, aunque Sánchez evitó responder hace unos días sobre cuál es la alternativa del Ejecutivo si el bloqueo continúa.
Hace unos meses, el Gobierno llegó a poner en marcha una reforma para poder elegir a los miembros del CGPJ con mayoría absoluta del Congreso, en lugar de la mayoría de tres quintos que se exige ahora. No obstante, el pasado abril renunció definitivamente a esta idea tras las duras críticas vertidas por la UE, que alertó de el posible peligro de la reforma para la independencia judicial, un movimiento que ha aprovechado el PP recurrentemente en los últimos meses para cargar contra el Ejecutivo.
El PP culpa a Sánchez del bloqueo
Los populares, de hecho, insisten en que es Sánchez quien se niega a comprometerse a reforzar la independencia judicial, y volvieron a poner hace unos días la pelota en el tejado del PSOE. En este sentido, Casado explicó que la modificación de la ley que él propone -que, insistió, respeta los dictámenes de la UE-, se llevaría a cabo una vez que el CGPJ esté renovado por la fórmula tradicional, es decir, que los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por el Congreso y el Senado de entre un listado que proporcionan los jueces.
Pese a que en anteriores ocasiones el PP aseguró que no negociaría nada si Sánchez no se comprometía a apartar a Unidas Podemos de las conversaciones, el PP asegura que lo que pide es solo un compromiso para que, de cara a la siguiente renovación -después de 5 años- 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por los jueces y los ocho restantes por el Congreso y el Senado. Según Casado, con estas condiciones la renovación podría ser inmediata, por lo que es responsabilidad de Sánchez que no se haya efectuado.
El principal partido de la oposición se muestra algo más optimista porque cree que a Sánchez no le queda otra opción que pasar por el aro, pero no ve un acercamiento en el corto plazo, pese a que en septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, tiene prevista una reunión con el ministro de presidencia, Félix Bolaños, en la que abordarán con toda probabilidad esta cuestión. De hecho, en su discurso de balance del curso político, Casado acusó a Sánchez de ser el responsable de una crisis institucional "sin parangón en 40 años de democracia", y cargó contra "los ataques a la justicia" que, dijo, "de forma inédita" estaría llevando a cabo el Gobierno.
"Silencio cómplice" de Sánchez por no desautorizar a Podemos
Más allá de los órganos constitucionales, -también están pendientes la renovación del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas- la distancia entre Gobierno y oposición ha sido patente en esta última semana con otros asuntos como la monarquía o las relaciones con Cataluña, habituales caballos de batalla del PP desde el inicio de la legislatura.
Unas palabras de la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que señaló que su formación trabajará por un "horizonte republicano en España" y criticó la "huida" del emérito, han sido la excusa perfecta para el PP para arremeter contra el presidente. No obstante, Sánchez ha guardado silencio, y tras su reunión el pasado lunes con Felipe VI, pese a ser cuestionado directamente por este episodio, eludió desautorizar a la líder morada y se limitó a valorar el "compromiso" del actual monarca por la "transparencia".
El PP acusó al presidente de ser "cómplice" de las declaraciones de Belarra con su "silencio" y le exigió que se plante ante Unidas Podemos y "demuestre su autoridad, si la tiene". Pero la directriz en la parte socialista del Gobierno ha sido clara: evitar en la medida de lo posible la polémica, tanto con la ministra morada como con la Casa Real. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se negó hace unos días a valorar la opinión de Belarra y aseguró que cada ministro es "responsable" de lo que dice. E incluso la titular de Defensa, Margarita Robles, que ha tenido varios choques públicos con su homóloga de Derechos Sociales, eludió responderla. "Pone tantos tuits que no comento ninguno", espetó al ser preguntada.
Las "concesiones" a Cataluña: el MIR
El último motivo de polémica ha sido la siempre controvertida relación entre el Gobierno central y Cataluña, especialmente a raíz de la comisión bilateral celebrada esta semana entre el Gobierno y la Generalitat, en la que se han aprobado varios traspasos a Cataluña. El Ejecutivo catalán asegura que una de las competencias que se negocia ceder es el examen MIR, si bien la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo ha desmentido y ha llegado a afirmar que "no está en la agenda del Gobierno".
La discrepancia ha abierto la puerta a las críticas del PP. "Alguien miente", señalaba este jueves la diputada popular y exministra de Sanidad Ana Pastor, cuyo partido ha pedido las actas de dicha comisión para comprobar quién dice la verdad y esclarecer los traspasos aprobados. Y la anunciada ampliación del aeropuerto de El Prat también ha sido denunciada por Pablo Casado, que el lunes acusó al Gobierno de "engañar" a los ciudadanos porque, dijo, dicha inversión ya la dejó aprobada el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Que la oposición no se alegre de los avances de este país en materia económica y en liderazgo europeo es una pena", se ha limitado a contestar el Gobierno por boca de la portavoz Isabel Rodríguez.
Y es que las supuestas concesiones a la Generalitat llevan tiempo en el punto de mira del PP, sobre todo desde los indultos. Los populares, además, asumieron una postura común en la última Conferencia de Presidentes celebrada hace una semana en la que la única ausencia fue precisamente la del líder catalán, que defendía los encuentros con el Gobierno central únicamente en mesas bilaterales. Todos ellos -se sumaron también voces críticas del PSOE como Lambán o Page- criticaron lo que consideran "concesiones" a la única autonomía que no acudió a la Conferencia.
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